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Cesion De Remate

Por todo ello, hablamos de una vía muy interesante para promotores, inversores patrimonialistas o agencias inmobiliarias que deseen adquirir inmuebles.

El artículo 647 LEC no prohíbe la cesión por un importe superior, ni tampoco por una cantidad menor a la ofrecida por el ejecutante, siempre y cuando la adjudicación se realice por el importe del remate. 3.- La cesión del remate debe realizarse dentro del período que determine el secretario judicial, el cual no está fijado en la ley. Por este motivo lo más razonable, es que la cesión del remate deba de realizarse en los plazos fijados en el artículo 670 LEC para el pago del precio de remate, o en los plazos previstos para solicitar la adjudicación por falta de posturas, sosprechado en el producto 671 LEC. Consiste en que el adquirente o cesionario al conseguir el crédito se ubica en la posición del banco, debiendo ser exactamente el mismo el que inicie o siga la ejecución hipotecaria. Sin embargo, esto podría acabar con la adjudicación a un tercero participante en la subasta, dado que a tenor del artículo 670 LEC, si la mejor posición resultase igual o superior al 70% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, el LAJ responsable de la ejecución a través de decreto aprobará el remate en favor del mejor postor exactamente el mismo día o al día después.

Subastas Y Cesiones De Remate De Entidades Financieras

La subasta judicial de los bienes inmuebles se regula en los productos 643 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Específicamente, el artículo 647 LEC establece los requisitos legales para formar parte en la subasta en el caso de que la entidad bancaria acreedora sea un licitador, señalando en el apartado 3º que sólo el ejecutante o los acreedores siguientes podrán realizar postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se comprobará mediante comparecencia ante el Secretario judicial responsable de la ejecución, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago o consignación del precio del remate, que deberá hacerse constar documentalmente. Igual capacitad corresponderá al ejecutante si solicitase, en las situaciones previstos, la adjudicación del bien o bienes subastados. Frente a ámbas situaciones precedentes, la cesión del remate es una tercera vía para conseguir un piso de los bancos, que muestra una mayor complejidad técnica, pero que puede ser muy favorable, pues es la fórmula mucho más económica, desde el punto de vista fiscal y a ella nos vamos a referir un poco más en profundidad. La cesión del remate es un contrato en virtud del cual el Banco, que resulta adjudicatario de una finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria, antes de que la adjudicación sea estable, pacta con un tercero, que sea este quién se quede con la finca.

Carece de legitimación el antiguo arrendador para reclamar rentas una vez extinguido su derecho al enajenarse la finca por ejecución hipotecaria, correspondiendo la percepción de las mismas al nuevo dueño. Tras la celebración de una subasta judicial cuyo objeto es un bien inmueble, entre los temas que puede producir polémica es el de cuándo se ha de considerar que se adquiere la propiedad por quién resulta adjudicatario. B) Que el precio de la cesión de remate es un término diferente al del precio de remate o adjudicación. El TS en sentencia de fecha 19 de febrero de 1994, señal que “la intervención de un rematante en una subasta judicial a calidad de ceder el remate a un tercero” es una aplicación específica, en nuestro Derecho positivo, del doctrinalmente llamado “contrato para persona que se designará” (“per persona nominada”).

Cómo Marcha Integrar La Reforma En La Hipoteca Al Comprar Casa

La entidad que cede el inmueble, puede estudiar la oportunidad de conceder un prestamo a la persona interesada para facilitarle su adquisicion. Precio de la cesión de remate, que es el importe que recibe el ejecutante que cede el remate del cesionario por la transmisión de la finca que ha sido rematada o adjudicada a favor de aquél. Ya que bien, este es el criterio que aplica la Dirección General de los Registros y de Notariado en su Resolución de 19 de octubre de 2017 en la que establece de forma clara que el Art. 647 de la LEC no prohíbe la cesión por importe superior, ni tampoco por una cantidad menor a la ofrecida por el ejecutante, siempre y cuando la adjudicación se realice por el importe del remate. En este supuesto, nos encontramos frente a una compraventa normal, en la que se compra un inmueble al banco, que antes se ha adjudicado la finca en un procedimiento judicial. Poca problemática presenta esta vía, respecto de una compraventa ordinaria, salvo la absoluta conveniencia de comprobar la situación física de la finca y su situación en el IBI y los gastos de comunidad, ya que es muy frecuente que tales gastos nos hayan sido abonados en un buen tiempo. Lo cierto es que en las escrituras de este tipo los bancos suelen asumir el pago de los gastos que pudieren haber atentos hasta la venta, y simultáneamente el comprador, renuncia a cualquier clase de saneamiento por vicios, pues el banco no se responsabiliza de la situación del inmueble.

Si fuera el ejecutante, el período que tiene el LAJ para seguir a la liquidación de lo que se deba por primordial, intereses y costas para que aquél consigne la diferencia, si la hubiere, no está tan claro. Y caso de que en la subasta no hubiere ningún postor, el acreedor tiene un período de 20 días para pedir la adjudicación del bien (artículo 671 LEC), pero tampoco se fija por la ley un plazo para que el LAJ dicte el correspondiente decreto de adjudicación. 3.- Se ha planteado por la doctrina si es viable la cesión del remate por un importe inferior al precio de adjudicación, esto es el ejecutante cede la adjudicación a pérdida.

El valor de la cesión del remate es acordado por las partes, según las reglas del libre mercado, pudiendo ser mayor o menor que el precio de adjudicación y debiendo constar en un documento privado o público. Únicamente el banco puede ser el adjudicatario de la finca y el cedente del remate, al paso que cualquier entusiasmado va a poder ser el cesionario que deba abonar el valor de la adjudicación para adquirir la finca. Hablamos de una compraventa donde el vendedor es la entidad bancaria a la que previamente se ha adjudicado la finca en un procedimiento judicial. Normalmente, los bancos aceptan el pago de los costos que pudiera haber atentos hasta el día de hoy de la venta y, al tiempo, el comprador renuncia a cualquier tipo de saneamiento por vicios, dado que el banco no se responsabiliza de la situación del inmueble.

Y, si bien en los supuestos del procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, el ámbito de la calificación se extiende de forma particular a los extremos señalados por el artículo 132 LH, entre ellos no figura el que ahora nos ocupa. Pues bien, con motivo de una Resolución de la DGRN publicada el pasado mes de noviembre vamos a comentar un asunto que tiene cierto interés y transcendencia económica y logística para nuestros clientes, que es de app práctica en los procedimientos hipotecarios que tramitamos en su nombre y que se refiere a la posible cesión del remate por una cantidad diferente a la del precio del remate (Resolución de 19 de octubre de BOE 11 de noviembre de 2017-). 2.- Resulta necesario que el Banco resulte adjudicatario de la finca, bien por ser el más destacable postor en la subasta o que por falta de posiciones en la subasta, solicite la adjudicación de la finca, en los mínimos que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta modificación que proviene de la reforma urgente procesal de 1992 se justificó con el objetivo de evitar subasteros. También, en esta comparecencia, va a deber acreditarse documentalmente el pago del precio a la entidad bancaria receptora final del dinero.

El citado sistema no acostumbra enseñar problemas cuando estamos frente a un contrato de compraventa, pero en el momento en que nos enfrentamos frente a la transmisión de la propiedad en virtud de una subasta judicial, la cuestión consigue matices. De cualquier manera, frecuenta existir un contrato previo entre acreedor y cesionario en que se establecen todos y cada uno de los pactos convenientes, entre aquéllos que se encuentra el precio de la cesión del remate. El ejecutado puede prosperar postura, mientras que el valor de adjudicación no supere el 70% del valor de tasación. Si no mejorare posición en los porcentajes establecidos por la ley, el mejor postor va a poder adjudicárselo en valor inferior, siempre y cuando sea por la deuda en todos y cada uno de los conceptos. Dictado el decreto de adjudicación y entregado a las partes, aunque no sea firme, antes del auto de declaración de certamen, la apelante ya había adquirido la propiedad del inmueble, que debe excluirse de la masa activa, art. 76 LC, el derecho de separación es procedente, art. 80 LC. Desahucio por precario del demandado declarado en rebeldía por no comparecer en forma, en tanto que le contrato de arrendamiento que contribuye, aparte de no estar registrado, es de fecha posterior a la adjudicación por la entidad bancaria actora de la vivienda.

La petición va a suspender el período para abonar el precio del remate, el cual se reiniciará una vez entregado el testimonio al solicitante. La cesión del remate, como ya se ha explicado, es un contrato consistente en que el banco, como adjudicatario de una finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria, previamente a que la adjudicación sea firme, acuerda con un tercero que sea él quien se quede la finca. De esta manera, la entidad bancaria no llega a adquirir la finca hipotecada, sino la adjudicación se lleva a cabo en pos del cesionario del remate que paga el precio de la adjudicación de forma que, con cargo a la cantidad entregada por el cesionario, el banco se cobra su crédito. En consecuencia, la cesión del remate equivale a la venta de la finca por el banco antes de ponerla a su nombre. 5.- Como en cualquier otro negocio, el valor de la cesión del remate lo fijan las partes con base en las reglas del libre mercado y podría ser mayor o menor que el precio de adjudicación.

Esta situación es porque, entre otros muchos componentes, la crisis económica gracias a la COVID-19 puede que doble el stock de hoy de NPLs, por lo que las entidades financieras tendrán siempre que vender estos activos, saneando sus cuentas en un periodo corto de tiempo. Cuando el acreedor, en el período de veinte días, no hiciere empleo de esa facultad, el Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del embargo”. El Coche de adjudicación, si se adjudica al 70% del valor de tasación, lo tiene usted a los dos días de la subasta, la posesión del inmueble que es otra, hasta el momento en que el juzgado cumple el desahucio.

Sin embargo, la práctica judicial, por lo menos en la ciudad de Lleida, ya que tengo entendido que no es traje en toda España, exige que en el acto de cesión del remante, debe efectuarse estrictamente por la cantidad por la que se haya despachado la ejecución. Por poner un ejemplo si el ejecutante se va a adjudicar un inmueble con valor de tasación igual a cien, por el 50% del valor de tasación al quedar la subasta desierta, esto es por 50, algunos juzgados exigen que se les acredite que la cesión del remate se ha efectuado por 50. Pero la verdad, es que se puede negociar con el banco que el valor de la cesión sea mayor o menor que el valor de adjudicación, bien por el hecho de que haya un interés muy grande del cesionario por conseguir esa finca, o bien porque el banco sea consciente de que muy difícilmente vaya a conseguir en el mercado un importe similar al valor con lo que se debe adjudicar el piso. Estas circunstancias deberán constar en un archivo privado o público, pero que de continuar la práctica judicial señalada muy probablemente no generen mucho más que alguna transparencia del dinero, recibido y entregado, que podría ofrecer rincón a secuelas fiscales no deseadas. Fiscalmente la cesión del remate es más interesante que la cesión del crédito por el banco o que la venta del inmueble por el mismo, ya que únicamente paga impuestos el adjudicatario final de la finca.